Pese a que en campaña ofreció retirar a las Fuerzas Armadas de las calles y como Presidente afirmó que la Guardia Nacional tomaría el lugar del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública, ambas instituciones seguirán combatiendo la delincuencia en el país, al menos hasta marzo de 2024.
De acuerdo con el decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) seguirán participando «de manera extraordinaria» en tareas de seguridad durante los próximos cuatro años.
«Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública de esta última», añade el texto oficial.
El mismo documento detalla que el apoyo de militares y marinos será solamente mientras la Guardia Nacional –creada durante el sexenio de López Obrador– desarrolla su propia «estructura, capacidades e implantación territorial».
También subraya que la actuación de las Fuerzas Armadas será regulada, fiscalizada subordinada y complementaria a la Guardia Nacional y sus labores se regirá por el respeto a los Derechos Humanos y a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza.
El decreto también especifica que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, deberá coordinarse con los titulares de Sedena y Semar para establecer de qué manera en estas corporaciones complementarán a la Guardia Nacional.
Al respecto, Proceso destaca que esta nueva instrucción se basa en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional publicada el 26 de marzo de 2019 en el DOF, donde se especifican plazos y forma general de operación.
Además advierte que la supervisión de soldados y marinos, mandos y oficiales de Sedena y Marina corresponderá a los órganos internos de control de cada dependencia, por lo que la SSPC no podrá sancionar a los miembros de las fuerzas armadas bajo su coordinación.
Por último, el texto señala que los gastos que se generen por el desplazamiento de las Fuerzas Armadas en sus labores como auxiliares de la Guardia Nacional deberán ser solventados por cada de una de las dependencias, conforme a los presupuestos que se les asignen.
Cabe mencionar también que el Ejército ha estado realizando labores de seguridad pública y combate a la crimen organizado desde el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), por lo que este decreto únicamente oficializa lo que de hecho ya están haciendo.
Sin embargo, esta decisión generó una ola de críticas por parte de personajes de la política mexicana y usuarios de redes sociales, quienes cuestionan la «incongruencia» del presidente al hacer lo contrario a lo que prometió: sacar a los militares de las calles.
Mientras que otros, entre estos especialistas en temas políticos, advirtieron del riesgo de que se «militarice» al país con esta medida, además de los que siguen señalando que tener a soldados y marinos en labores de seguridad suele generar violaciones a los Derechos Humanos